Redacción. Madrid
El presidente del Gobierno ha dado luz verde a la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de racionalización del gasto en prestación farmacéutica, o lo que es lo mismo, su Catálogo Priorizado de Medicamentos. Por primera vez en la historia democrática, se oficializa un enfrentamiento competencial que en este caso se traduce en el rechazo a la exclusión, según el documento del Consejo de Ministros, de 427 medicamentos que realiza Galicia con respecto al catálogo nacional. Desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, rechazan el argumento gallego sobre “la falta de medidas” del Gobierno central para disminuir el gasto farmacéutico y recuerdan que desde el año 2004 el ahorro es de 7.600 millones de euros, partida incrementada notablemente en 2010 tras los Reales Decretos 4 y 8/2010 y la nueva Orden de Precios de Referencia (en vigor a partir de marzo).

Por otro lado, desde el Ministerio resaltan que la consejería que dirige Pilar Farjas “rechazó alternativas” que se le ofrecieron y que este recurso es esencial ya que “puede sentar un precedente para que el día de mañana las autonomías decidan limitar los servicios que prestan”.

La consejera Pilar Farjas y la ministra Leire Pajín.

La visión de PSOE, PP y BNG

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Modesto Pose, ha pedido a la Xunta que "recule" si "le queda algo de responsabilidad" tras aprobar el Consejo de Ministros el recurso a presentar ante el Tribunal Constitucional contra el catálogo de fármacos gallego, que el PPdeG ha calificado de "mala noticia" porque "pone en peligro la sostenibilidad del sistema". Además, ha recordado que médicos y farmacéuticos, así como la industria farmacéutica se han manifestado en contra del catálogo y ha apuntado los "problemas de desabastecimiento" que sufren algunas boticas. "El Gobierno de la Xunta tiene que volver atrás, derogar esta ley", ha afirmado Modesto Pose, quien ha defendido actuaciones en el ámbito de la prescripción por principio activo. Pose ha subrayado, asimismo, que los gobierno autonómicos "sólo pueden incrementar derechos y no reducir las prestaciones".

Por su parte, la portavoz de Sanidad del BNG, Ana Luísa Bouza, ha expresado el rechazo de su formación al recurso del Gobierno central, al tiempo que ha indicado que se "están produciendo problemas tras la implantación del catálogo gallego". Ha atribuido este problema a la "mala gestión de la propia Consejería de Sanidad", a lo que suma la "falta de negociación con las farmacias y la ausencia de información a usuarios y facultativos".  Bouza ha afirmado que el BNG "no aceptará" que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "utilice este recurso para justificar su política sanitaria de recortes y privatización".

El portavoz parlamentario del PPdeG en materia sanitaria, Miguel Santalices, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que este recurso de inconstitucionalidad representa una "mala noticia" y ha considerado que "entendieron mal el mensaje". "Nunca estuvimos en un pulso con el Ministerio de Sanidad, sino por la sostenibilidad del sistema", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que la iniciativa persigue un ahorro que "iba a ser reinvertido" en infraestructuras sanitarias. "Es ser poco reflexivo", ha subrayado el diputado popular sobre la decisión y ha pedido al Gobierno central "que reflexione" antes de formalizar el recurso.

La reacción de Farjas

El recurso "no modifica la situación de legalidad" del Catálogo Priorizado de Medicamentos de Galicia. Estas fueron las primeras palabras de la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, en la rueda de prensa en la que relacionó sin cortapisas la decisión del Consejo de Ministros con los intereses de la industria farmacéutica: "El Gobierno de España coincide en su argumentación con la industria farmacéutica, que defiende, con absoluta legalidad, sus intereses y beneficios económicos. Por lo tanto, queda en evidencia que mientras la Xunta de Galicia se ha puesto del lado de los ciudadanos, el Gobierno de España se sitúa junto a intereses particulares y contra los intereses generales".

Farjas acusó de incoherencia al Ejecutivo porque días atrás el secretario de Hacienda insistió en la idea de "no demorar en medidas de ahorro de gasto farmacéutico", como practica el gobierno gallego.